Declaración de ULAPSI: Ante los atropellos contra las familias hondureñas

ulapsi“la construcción de una sociedad nueva o, por lo menos, mejor y más justa, no es sólo un problema económico y político; es también y por principio un problema de salud mental”
Ignacio Martín-Baró
La Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI con representación en 16 países y, principalmente las entidades de Honduras, Guatemala y El Salvador, ante el atropello a las familias hondureñas migrantes, expresamos:
Que a raíz del golpe de estado en junio del 2009, Honduras ha sufrido un declive en las condiciones de vida. Un declive que se refleja en el irrespeto a los derechos humanos como la salud, educación y en general en la falta de elementales condiciones para vivir dignamente. Esto ha provocado una crisis social, política y económica que ha profundizado con el atropello reciente a la voluntad popular de elegir soberanamente a su gobierno y modelo de país en el que se aspira a vivir. Un gobierno ilegítimo fue ilegalmente impuesto.
El crecimiento del fenómeno migratorio del país se ha acelerado en correspondencia con las condiciones inhumanas de vida que cada día se recrudecen en las familias hondureñas. El gobierno, por su parte no solo lo ignora, sino que prefiere atender a otros intereses particulares a espaldas de la grave condición de la gran mayoría de la población.
Esta realidad de migración forzada e inhumana se encuentra en las fronteras con prácticas que en lugar de ayudar agregan maltrato físico y psicológico a estas familias en condiciones de vulnerabilidad, principalmente niñas y niños cuyo impacto psicológico puede ser irreversible. Su acción de huir es obligada por la natural búsqueda de vivir mejor, al menos no seguir desviviendo. La migración no es un delito, es un derecho que debe respetarse.
Esto es una catástrofe social humanitaria que la sociedad entera debería asumir como tal y, en consecuencia, solidarizarse y mover los mecanismos necesarios para apoyar y asegurar la protección de las familias. Por nuestra parte, llamamos:
A las autoridades de gobierno a cumplir su mandato en favor de la población más humilde. Los estados son responsables de garantizar buenas condiciones de vida para todos sus habitantes y el trato digno a quienes transitan por su territorio. Deben cumplir el mandato de protección a los ciudadanos que transiten por su territorio principalmente la salvaguarda de niñas, niños y adolescentes independientemente de su nacionalidad.
Se debe parar de inmediato la criminalización de la pobreza, en este caso manifiesta contra quienes desde la solidaridad, la asistencia humanitaria y defensa de los derechos humanos, acompañan esta migración. Un claro ejemplo de este abuso es el caso del hondureño Bartolo Fuentes.
A las organizaciones de cooperación internacional y profesionales humanitarios que se dispongan a ser parte activa en aliviar el dolor y pérdida de estas familias apoyando el cuidado emocional y físico de las mismas, como elemento que fortalezca su resiliencia y capacidad de generar esperanza entre tanta desesperanza y sufrimiento, ya sea que continúen en la caravana o si han decidido retornar.
Latinoamérica, octubre 20 de 2018